Lo presentará hoy de forma particular ante el TSJ el Dr. Ismael Machuca, aunque el letrado es el Presidente de la Asociación de Abogados de Zona Norte. Advirtió que la «inacción» de los integrantes del Tribunal «colocan» en grave estado de derecho a la misma Provincia de Santa Cruz. Pide un plan de contingencia.
Un segundo recurso de amparo para que exista un «normal» servicio de justicia será prestando hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.
Al igual que la primera presentación, efectuada por otro letrado de Caleta Olivia, Dr. Gabriel Ruiz, aunque ante la Justicia Federal solicita que existan «guardias mínimas o especiales» de personal que aseguren un debido servicio de justicia», destaca la situación conflictiva social de la provincia y aclara que mediante esta medida no discute el derecho a huelga, legalidad o legitimidad de los reclamos del Sindicato de Judiciales.
Esta organización realiza medidas de fuerza por el no cobro de sueldo en tiempo y forma el 30 o 31 y perciben sus salarios a mitad de cada mes. Hasta hoy, no cobraron la totalidad de los salarios de febrero. Pero también reclaman por la aplicación del 10% de aumento, suspendido por el TSJ, razón por la cual continúan con retención de tareas desde hace tres semanas.
Cronograma
Dentro de los argumentos, el letrado advirtió la «falta de administración de justicia en la Provincia de Santa Cruz, como se ha dicho se materializa debido a la inacción de los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz», los que no adoptaron ninguna medida para establecer un «cronograma de contingencia claro y acorde a la realidad procesal por la que atraviesa el Poder Judicial».
Además sostuvo que esta «inacción» coloca «en grave estado de derecho a la misma Provincia de Santa Cruz».
El letrado incluso señaló que la Constitución Nacional en el Artículo 5 «establece una instrucción precisa que materializa una ‘carga obligacional’ por parte de las provincias que es ‘asegurar la administración de justicia’, no es una idea o ideal que hay que alcanzar, es un trabajo claro y específico que se debe cumplir, de lo contrario existe una consecuencia jurídica».
Marcó que la falta de prestación del servicio de justicia provincial en «forma normal», afecta otros derechos constitucionales «principalmente en la profesión del abogado afecta a su ejercicio, Derecho a Trabajar, Derecho de Propiedad, Derecho de Información, entre otros».
«Si un poder del Estado no funciona, el Estado tiende a disolverse», señaló también el abogado y advirtió que así como se conoce la falta de prestaciones de otros servicios, como el servicio educativo, prestación municipal o del servicio de salud, es «de público conocimiento» la falta normal de prestación de servicio de justicia.
«Un juzgado no puede funcionar solo con la actividad de un Juez y sus Secretarios. Sería como pretender que una cirugía se lleve adelante con el cirujano, pero sin la intervención de los enfermeros, instrumentistas, anestesistas, quienes se encuentran con medidas de fuerza», ejemplificó.
Medidas
Dentro de las medidas que solicitó en el amparo, el letrado pidió además cronograma de guardias mínimas «planificadas por fuero y por Secretaría» y contar con «un mínimo de cuatro empleados por cada juzgado y secretaría, que no sólo atiendan mesa de entradas, sino las diferentes funciones administrativas que se realizan».
En tanto, propuso que si no es posible una solución al conflicto «se proceda a la suspensión de los plazos procesales a fines de no afectar los derechos de las partes involucrados en los procesos judiciales, debido a la falta de debida administración del servicio de justicia».
El amparo puntualizó que en Santa Cruz no existe un Colegio de Abogados, por lo que el profesional «se encuentra desprovisto de una entidad, con atribuciones legales que puedan defenderlo».
«Actualmente, el Servicio de Justicia, prestado por el Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz, no permite el ejercicio normal de la profesión del abogado litigante», vertió.
Fuente: Tiempo Sur